Programa de compliance: la responsabilidad penal en las empresas

Las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables si determinados delitos se cometen en nombre de la compañía, en su beneficio o por sus representantes legales.

En el año 2010 se introdujo por primera vez en el Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la reciente reforma del 2015 ha perfilado dicha responsabilidad penal y las posibles exenciones o moderaciones para las sociedades mercantiles. Ello afecta a todo tipo de empresas privadas, pues podrán imponerse multas pecuniarias, la suspensión de actividades sociales, incluso la disolución, entre otras.
Los delitos más frecuentes por los que puede responder penalmente una empresa, según el listado que prevé el Código Penal, son los ilícitos penales vinculados a cuestiones económico-financieras como por ejemplo:

  • los delitos contra la Hacienda Pública, o la Seguridad Social
  • las insolvencias punibles,
  • los delitos de estafa,
  • los delitos de corrupción a funcionarios públicos,
  • el cohecho o tráfico de influencias

Para evitar la responsabilidad penal de las empresas, se introdujo la necesidad de contar con un compliance programme, que consista en la implantación programas dirigidos a evitar la comisión de determinados delitos dentro de la empresa.

La adopción de estos planes o programas de compliance son de gran importancia, independientemente del tamaño de la empresa, ya que mediante su correcto diseño y aplicación, podrá lograrse la exención de la responsabilidad penal de la empresa, sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de la que deba responder el empleado de forma separada.
La responsabilidad de los administradores sociales ha aumentado con motivo las citadas reformas, pues ostentan el deber de adoptar las medidas de vigilancia y control en la firma, apoyándose en la figura del compliance officer o director de cumplimiento normativo.
La finalidad es aminorar y evitar la responsabilidad penal en la que pueda incurrir una empresa, ya que su procesamiento conlleva un desprestigio social y un descrédito interno y externo. A tal efecto, sugerimos acudir a nuestros especialistas en compliance para asesorar a todo tipo de empresas y administradores sociales en la adecuada implantación y aplicación de un protocolo personalizado a las circunstancias específicas de cada cliente y sector.
No duden en acudir al Despacho LEGALIUM DE CANO Y LUICKHARDT, para obtener, la protección que precisa.